A fines del siglo XIX, Argentina era un país que se inventaba a sí mismo. El Segundo Censo Nacional, levantado en 1895, había contado cerca de cuatro millones de habitantes, y casi uno de cada cuatro era inmigrante recién llegado. El Estado, joven todavía, se daba instituciones a la velocidad a la que crecía el país: registro civil, escuelas públicas, ferrocarriles, hospitales. Para financiar parte de esa máquina enorme, el presidente José Evaristo Uriburu firmó, en noviembre de 1895, la creación de la Lotería Nacional de Beneficencia. La idea no era nueva: Italia, España y media Europa hacían lo mismo desde el siglo XVII. Un sorteo público recaudaba fondos, y los fondos se destinaban a hospitales, escuelas y orfanatos. Era el azar puesto al servicio del Estado.
Y entonces, en algún momento entre 1899 y 1900, en una esquina cualquiera de Rosario, alguien tuvo una idea. ¿Por qué jugar a los miles de números completos de la Lotería si bastaba con apostar a las dos últimas cifras? Era más barato, más accesible, y la probabilidad de acertar dejaba de ser de uno en miles para volverse de uno en cien. La idea era una pavada. La idea funcionaba. La idea no existía en ningún otro lugar del mundo. Era un invento rioplatense.
El primero que aparece con nombre y apellido en los archivos es Domingo Irigoyen, un vasco que recibía apuestas en la esquina de San Martín y La Rioja, Rosario. No inventó la quiniela él solo: la inventaron decenas de vascos, de gallegos, de criollos, en boliches de las dos orillas del Plata, casi al mismo tiempo, sin ponerse de acuerdo. Pero Irigoyen es el primero que figura en un parte policial. La quiniela no nació en una oficina: nació en un mostrador. Y nació, desde el primer día, fuera de la ley.
Porque el Estado argentino, que se reservaba el monopolio del sorteo, prohibió la quiniela apenas la vio crecer. Y creció igual. Durante casi cien años, vivió en lo que se conoció como la clandestina: un juego ilegal pero tolerado, un sistema sin oficinas pero con territorios precisos. En cada barrio había un biromero —el que pasaba en bicicleta o a pie, recogiendo papelitos con apuestas, repartiendo, a veces, ganancias modestas. La policía recibía coimas. Los jueces miraban para otro lado. La sociedad sabía que estaba prohibido y jugaba lo mismo. Era una forma de desobediencia civil sin consigna.
El Estado intentó terminar con la clandestina muchas veces. A lo largo del siglo XX, gobernadores y comisarios prometieron acabar con ella. Nunca pudieron. La quiniela había crecido demasiado adentro de la vida cotidiana: pagaba alquileres, financiaba escuelas privadas, sostenía bares, alimentaba familias enteras del lado de los levantadores. Era, en términos prácticos, una economía informal nacional sostenida por la palabra empeñada y la libreta de tapa de hule.
Cambió a partir de los años setenta. La provincia de Buenos Aires regularizó la quiniela en 1972, y otras provincias la siguieron en la década siguiente: la criatura volvía al hogar del Estado, ahora con sello provincial. La clandestina no desapareció: convive con la legal, y en muchos barrios todavía se prefiere al biromero de toda la vida.
Casi un siglo de un país entero jugando lo prohibido, sosteniendo el invento desde abajo, esperando que el Estado se diera por enterado. No la cambió la ley. La cambió el aguante.