Hay una foto que conviene mirar despacio: el Casino Central de Mar del Plata, sobre la rambla, frente al mar. Lo proyectó Alejandro Bustillo —el mismo del Llao Llao y del centro cívico de Bariloche— y se inauguró en 1939. Mármol, escala monumental, un edificio pensado para que entrar a jugar se pareciera a entrar a un templo. Y ahí está la primera rareza de toda esta historia: lo construyó el Estado. El mismo Estado que durante décadas mandó a la policía a levantar la quiniela de la esquina, que persiguió al que tiraba los dados en el fondo de un bar, se hizo, con todas las letras, dueño de la banca.
No es contradicción: es negocio. El azar siempre fue dos cosas a la vez para el poder argentino: un vicio que hay que reprimir cuando lo maneja el particular, y una renta que conviene monopolizar cuando lo maneja el Estado. La lógica viene de lejos. Ya en 1893 se había creado la Lotería Nacional de Beneficencia: el Estado vendía la ilusión del premio y con eso financiaba hospitales, asilos, obras de caridad. El azar como recaudador. La plata del que soñaba con ganar terminaba, por una vuelta elegante, en la salud pública. Antes incluso, en tiempos coloniales, las loterías ya juntaban fondos para los mismos fines. La idea es vieja: que la suerte de muchos pague lo que el tesoro no quiere pagar.
Mar del Plata fue la coronación de esa lógica. El casino del Estado, pegado al gran hotel, convertía a la ciudad en la capital argentina de la apuesta legal. El croupier era, en los hechos, un empleado público. Y el que perdía en la ruleta no enriquecía a ninguna mafia: engrosaba las arcas de la provincia. Durante buena parte del siglo XX ese fue el modelo —casinos provinciales, administrados por el Estado, con la conciencia tranquila de que lo recaudado tenía destino público.
El doble discurso nunca se resolvió; apenas se administró. El Estado moralizaba contra el juego y vivía de él al mismo tiempo. Regulaba, prohibía al privado, se reservaba la mesa grande. Era, a la vez, el predicador y la casa.
Eso se rompió en los años noventa. La ola privatizadora abrió la banca al sector privado: aparecieron las salas de tragamonedas por todos lados, los bingos en cada ciudad, las concesiones a operadores. El casino dejó de ser un palacio de mármol del Estado y pasó a ser una sala con alfombra y máquinas que suenan toda la noche. La renta seguía estando; cambió de bolsillo, o se repartió.
Y el último capítulo ya no tiene edificio. El casino de hoy no está sobre ninguna rambla: está en el teléfono, en la cama, a las tres de la mañana. No hace falta mármol ni croupier de smoking. Pero la pregunta de fondo es la misma que en 1939, y que en 1893: ¿quién controla el azar, y quién se queda con lo que el jugador deja en la mesa? Cambió el escenario. La banca, como siempre, sigue siendo de alguien.